Hace muchos años en este país hubo una guerra, una guerra fraticida en que todos los españoles, por no dialogar y llegar a entendimientos, tomaron la asquerosa vía de las armas para arreglar sus diferencias. Como siempre, hubo una parte ganadora y otra parte perdedora (personalmente opino que nuestro país, España, fue la gran perdedora). El bando ganador asumió el poder político en forma de un gobierno autoritario, encarnado en la figura internacionalmente rechazada del dictador Franco, autoproclamado Caudillo de España por la gracia de dios. Este régimen político dictatorial sumió a España en la más profunda falta de libertades y, por tanto, repercutió negativamente en el ámbito social, cultural, científico, tecnológico, económico y de las relaciones con los países más avanzados. Durante la duración de la dictadura (1.939 – 1.975) jamás la ciudadanía expresó su opinión en un referéndum, es decir, no se podía votar; además, la falta de derechos era algo que pedía toda España, aunque de forma silenciosa para evitar problemas con el régimen.
.El régimen político autoritario termina con el óbito del longevo dictador, que ocurre el 20 de noviembre de 1.975. Ese día, algunas personas salieron a la calle para seguir rindiendo pleitesía al fallecido jefe del Estado; otras, la gran mayoría, también se echaron a la calle, serenamente, para respirar el nuevo aroma de libertad que impregnaba el devenir de un nuevo futuro lleno de esperanza y de incertidumbre.
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El problema del sucesor del dictador estaba resuelto desde muchos años atrás por el propio dictador, pues el sucesor debería seguir aplicando los principios del llamado Movimiento Nacional. Un joven Don Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del Estado jurando los principios del Movimiento y es proclamado Rey de España con el nombre de Juan Carlos I de España el 22 de noviembre de 1.975. Muchos desconfiaron del Rey, pero éste tenía preparadas muchas sorpresas para el futuro del país. En una hábil maniobra política, junto con el desaparecido Adolfo Suárez, empezó a realizar una serie de profundas reformas que llevarían al país a una más que notable transformación en todos los ámbitos. Con tal fin se hace la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1.976, que fue sometida a referéndum el 15 de diciembre del mismo año y que tuvo una satisfactoria participación ciudadana, con un 80 % de votos favorables. Las piezas del galimatías estaban encajando perfectamente. Pero este puzzle de las reformas no estaba completado del todo, pues faltaban algunos elementos clave: la legalización de los partidos políticos y el padre del Rey, Don Juan de Borbón.
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Entre los meses de enero y abril de 1.977 se procedió a la legalización de los partidos políticos que no tenían representación en el abanico político (Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, Alianza Popular,...) puesto que el único partido legal hasta el momento era la Falange. Por otro parte, D. Juan de Borbón, en un gesto digno y que le honró, renuncia oficialmente a su derecho sucesorio el 14 de mayo de 1.977, permitiendo así que su hijo, el Rey, continúe liderando el cambio en España.
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En el mismo año de la legalización de los partidos políticos y de la renuncia al trono de D. Juan de Borbón, se convocan elecciones para que todos los españoles elijan a sus representantes políticos, tanto en el parlamento como en el senado (15 de junio de 1.977), ganándolas la Unión de Centro Democrático cuya figura principal era D. Adolfo Suárez. A partir de aquí, la gran mayoría del espectro político marca la propuesta para la Ponencia de la Constitución.
Tras diversos tira y afloja, y entre políticos que representaban a todas, o casi todas, las tendencias políticas que fueron llamados los Padres de la Constitución, se llega a la redacción definitiva de la Carta Magna. El pueblo español tenía que decidir, mediante consulta en las urnas, si la aceptaba o no. Esta consulta se realizó el 6 de diciembre de 1.978, con una contundente aceptación mayoritaria para que España tuviese una Constitución democrática, moderna, tolerante y que estuviese acorde con la de los países más desarrollados. El Rey la sanciona el día 27 de diciembre y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre. Nuestro país ya tenía una Constitución.
Nuestra Constitución, nuestra Ley de Leyes, recoge en su articulado derechos a los que todos los españoles estamos sujetos, aunque también hay que decir que si no respetamos esta Ley, una sociedad plural, solidaria y avanzada está abocada al fracaso. Entre los derechos que tenemos están:
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- igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
- derecho a la vida y a la integridad física y moral,
- derecho a la libertad ideológica y religiosa,
- derecho a la libertad y a la seguridad,
- derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
- derecho a la educación,
- derecho al trabajo y el deber de trabajar,
- derecho a la protección de la salud,
- derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservación.
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Ya son 31 años que vivimos con esta Constitución, la cual nos ha dado unos valores democráticos para que tengamos un marco de convivencia y de respeto y que procure un bienestar social, cultural, económico y de justicia.
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS, CONSTITUCIÓN!
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PD: Alguien, que ahora no recuerdo quién, dijo:
."El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla"
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